El 4 de enero de 2003 entró en vigor la Directiva 2002/91/CE, que regula, en el ámbito de la edificación, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo y la eficiencia energética, y la generación de energía a partir de fuentes renovables. Los objetivos fundamentales de esta Directiva son la mejora de la eficiencia energética en los edificios y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta normativa entró en vigor en España el pasado 1 de junio y afecta tanto a los edificios de nueva construcción como a los edificios existentes (y sus partes integrantes) que sean objeto de venta o alquiler.
En el proceso de certificación de la eficiencia energética en los edificios, los técnicos competentes valoran y analizan principalmente dos aspectos:
Por un lado, la envolvente térmica del edificio: los muros, los huecos, los cerramientos, el aislamiento, los puentes térmicos, etc. En definitiva, las propiedades térmicas del edificio.
Por otro lado, las instalaciones: los equipos de ACS, calefacción, refrigeración y las contribuciones energéticas. La iluminación, en vivienda, no se tiene en cuenta.
Como resultado del proceso de cálculo, tendremos un nivel determinado de eficiencia energética correspondiente a las emisiones globales de CO2 y al consumo de energía primaria (medida en toneladas equivalentes de petróleo).
Tras ello, los técnicos competentes recomiendan unas medidas de mejora de la eficiencia energética (opcionales, de momento), que pueden actuar tanto sobre la envolvente térmica como sobre las instalaciones. Lo más común, lo más rápido y económico, es actuar sobre las instalaciones.
¿En qué consisten estas mejoras?
Curiosamente, el consumo de energía eléctrica se penaliza, y pasar de una caldera eléctrica a una caldera de gas, o pasar de un sistema de calefacción eléctrico a uno de gas, mejora sustancialmente la eficiencia energética al reducirse con ello las emisiones de CO2.
Pero, ¿por qué ocurre esto?
Porque la producción de energía eléctrica se realiza a través de combustibles fósiles en las centrales térmicas, y por tanto, el consumo de energía eléctrica genera emisiones de CO2. Si la generación de energía eléctrica proviniese de fuentes 100% renovables, no habría problema en que todos los edificios tuviesen un porcentaje elevado de instalaciones eléctricas.
Esta normativa entró en vigor en España el pasado 1 de junio y afecta tanto a los edificios de nueva construcción como a los edificios existentes (y sus partes integrantes) que sean objeto de venta o alquiler.
En el proceso de certificación de la eficiencia energética en los edificios, los técnicos competentes valoran y analizan principalmente dos aspectos:
Por un lado, la envolvente térmica del edificio: los muros, los huecos, los cerramientos, el aislamiento, los puentes térmicos, etc. En definitiva, las propiedades térmicas del edificio.
Por otro lado, las instalaciones: los equipos de ACS, calefacción, refrigeración y las contribuciones energéticas. La iluminación, en vivienda, no se tiene en cuenta.
Como resultado del proceso de cálculo, tendremos un nivel determinado de eficiencia energética correspondiente a las emisiones globales de CO2 y al consumo de energía primaria (medida en toneladas equivalentes de petróleo).
Tras ello, los técnicos competentes recomiendan unas medidas de mejora de la eficiencia energética (opcionales, de momento), que pueden actuar tanto sobre la envolvente térmica como sobre las instalaciones. Lo más común, lo más rápido y económico, es actuar sobre las instalaciones.
¿En qué consisten estas mejoras?
Curiosamente, el consumo de energía eléctrica se penaliza, y pasar de una caldera eléctrica a una caldera de gas, o pasar de un sistema de calefacción eléctrico a uno de gas, mejora sustancialmente la eficiencia energética al reducirse con ello las emisiones de CO2.
Pero, ¿por qué ocurre esto?
Porque la producción de energía eléctrica se realiza a través de combustibles fósiles en las centrales térmicas, y por tanto, el consumo de energía eléctrica genera emisiones de CO2. Si la generación de energía eléctrica proviniese de fuentes 100% renovables, no habría problema en que todos los edificios tuviesen un porcentaje elevado de instalaciones eléctricas.
Mientras la generación de energía eléctrica provenga de combustibles fósiles y contaminantes como el gas, el carbón o el petróleo, la eficiencia energética premiará las instalaciones basadas en estos combustibles por muy paradógico que resulte.
Es decir, que la Directiva de la eficiencia energética en realidad no ayuda ni a la sostenibilidad ni a la incorporación paulatina de las energías renovables en el mercado energético. Simplemente, en función del modelo energético vigente, ya pueda estar basado en fuentes de energía fósiles o renovables, penalizará la generación de emisiones de CO2 sin pretender con ello transformar el modelo energético en cuestión, aunque dicho modelo sea contaminante.
Si en España generásemos energía eléctrica exclusivamente de fuentes renovables, casi todos los edificios tendrían calificaciones A, B y C, en vez de las actuales E, F y G. Y por tanto, la certificación en eficiencia energética no sería necesaria.
En resumen, está recayendo nuevamente sobre los contribuyentes, la mayor parte de los costos en materia de eficiencia energética, cuando deberían recaer sobre el sector de la energía y la industria.
